¿Por qué combatir la corrupción?

La pregunta puede tener varias respuestas. Muchas de ellas comunes en el discurso político, de todos los frentes del espectro.
Pareciera como si se tratara de una obligación derivada de la simple naturaleza del Estado. El discurso político suele convertir el fenómeno de la corrupción en un asunto de “buenos servidores públicos” contra “malos servidores públicos”.

En este sentido, el combate es una especie de obligación moral que se genera al momento de pertenecer al Estado. Pertenecer al grupo de los “buenos” es una más de las obligaciones que tienen los servidores públicos al incorporarse a la estructura del Estado.

El problema es que el fenómeno es mucho más complejo que una simple elección de observar buena conducta y cumplir con las normas. No se trata solamente de una decisión personal, ni de una “cultura”, menos aún de una especie de carga genética o social que tenemos los mexicanos o latinoamericanos. El fenómeno no es intrínseco a un tipo de sociedad, ni organización o estructura. No se explica por razones de idioma, país, región o tradiciones.

El fenómeno de la corrupción surge, en cada caso, por combinaciones de distintos factores que la hacen posible: oportunidad, necesidad, mal diseño institucional, ambición, impunidad, ambigüedad o vaguedad normativa, exceso de regulación, ausencia de regulación, intereses personales, presiones, ciclos políticos, etcétera. No existe una causa raíz que explique todos los casos. Y por lo tanto no existe una fórmula única para combatirla eficazmente.

Los distintos casos de corrupción presentan una enorme diversidad de causas y combinaciones. No hay país que se salve del fenómeno, ni tipo de gobierno, ni estructura humana que pueda asegurar que es inmune a éste.

Y entonces, ¿por qué combatirlo? Si se trata de algo que está presente, por lo menos como riesgo, en cualquier organización humana, y en especial en aquella que conocemos como Estado, ¿por qué es un imperativo tener un sistema, como parte de esta organización, que se encargue de enfrentarla? La respuesta está en la naturaleza del sistema democrático.

Las democracia moderna es la mejor forma de gobierno que hemos encontrado los seres humanos para organizarnos, no por su eficacia, y tampoco por su infalibilidad. Es la mejor forma de organizarse porque nadie queda excluido. La democracia moderna se entiende como el sistema que permite a todos los miembros de una sociedad tener canales de acceso a la toma de decisiones. Es decir, un sistema es democrático, en la medida en que aquellos quienes estarán sometidos a las normas y estructuras que mueven el sistema, tienen la oportunidad de participar de manera directa o indirecta, en su creación y en su modificación. Esto es, un sistema es democrático cuando existen condiciones mínimas para que todos y cada uno de los que pertenecen a éste, puedan decir algo respecto de su nacimiento, forma, procesos, instituciones, personas, resultados, modificaciones y objetivos. Conforme crecen y mejoran los canales de acceso de todos, a la toma de decisiones, aumentan los niveles de democracia de un sistema.

La raíz entonces de los sistemas democráticos son los derechos de igualdad. Nadie queda excluido de la posibilidad de participar. Todas las personas cuentan, y todas las personas deben contar con la misma oportunidad de influir. Un sistema democrático es aquel que ofrece oportunidades similares de participación en la conformación, operación y modificación del sistema.

Esto implica que quienes forman parte de la estructura del Estado Democrático, los servidores públicos, adquieren ese nombre porque están ahí́ para cuidar los derechos fundamentales, y conocer, entender e interpretar las razones, necesidades, intereses, problemas y demandadas de aquellos a quienes sirven. Los servidores públicos tienen así, dos funciones básicas. La primera, y la que da razón de ser a los Estados Modernos, es la salvaguarda de la seguridad de los ciudadanos, en el más amplio sentido, y el resguardo y protección de sus derechos fundamentales. La segunda, los servidores públicos son agentes encargados de crear, administrar y mantener los canales de participación social, para recoger aquello que su comunidad demanda, y convertirlo en instituciones, normas y políticas publicas.

Es así́ como la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como acto voluntario y consciente, en beneficio personal, o la utilización del aparato estatal para avanzar fines propios, contrarios a aquellos que pretende la sociedad, debe estar prohibido, y debe ser sancionado. Combatir la Corrupción, es una medida de supervivencia del Sistema democrático.

Este Programa pretende tres cosas:

  1. Crear una masa crítica de ciudadanos, alumnos, maestros y académicos que observen y estudien el fenómeno
  2. Crear herramientas y material de estudio que permita entender el fenómeno de manera objetiva y seria
  3. Influir directamente en la toma de decisiones y en el debate sobre el fenómeno

Las puertas están abiertas. La participación de todo aquel interesado en influir en la construcción de un mejor gobierno, es bienvenida.

Atentamente
Max Kaiser
Coordinador del Programa